Bonificación de los contratos a tiempo parcial indefinidos y temporales desde el 12 de febrero de 2011.

Las contrataciones efectuadas al amparo de lo establecido en este Real Decreto-Ley  habrán de suponer un incremento neto de la plantilla de la empresa.

Las empresas que se acojan a estas reducciones estarán obligadas a mantener, durante el periodo de duración de la reducción, el nivel de empleo alcanzado con la contratación realizada.

El incumplimiento por parte de las empresas de estas condiciones dará lugar al abono de las cotizaciones correspondientes a las reducciones aplicadas.

Podrán acogerse a las medidas previstas  las empresas que contraten, dentro del periodo de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma, de forma indefinida o temporal, a personas desempleadas inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos desde el 1 de enero de 2011, mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial, y que reúnan alguno de estos requisitos:

a) Tener una edad igual o inferior a 30 años.

b) Llevar inscritas en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación.

La jornada de trabajo de estos contratos deberá estar entre el 50 % y el 75 % de la de un trabajador a tiempo completo comparable.

En estos casos, las empresas tendrán derecho, durante los doce meses siguientes a la contratación, a una reducción del 100 % en todas las cuotas empresariales a la Seguridad Social, si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 %, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.

En los supuestos de contratos temporales, podrán acceder a las reducciones de cuotas reguladas en este artículo los que se concierten por una duración inicial prevista igual o superior a seis meses, mediante cualquier modalidad de contratación de duración determinada o temporal, incluida la modalidad del contrato en prácticas, que permita su celebración a tiempo parcial conforme a lo establecido legalmente.

En ningún caso se podrá aplicar esta reducción a los contratos de trabajo celebrados bajo las modalidades de interinidad y de relevo.

Como siempre, la normativa regula ciertas particularidades en los contratos con personas desempleadas con discapacidad o que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia doméstica o se encuentren en situación de exclusión social.

Las empresas que, de acuerdo con lo establecido en este artículo, hubieran celebrado contratos temporales y antes del transcurso de un año desde la fecha de celebración procedan a la transformación en indefinidos de dichos contratos, con la misma jornada u otra superior, tendrán derecho a ciertas bonificaciones ya existentes (Ley 35/2010; Ley 12/2001). Las empresas que hayan realizado directamente contratos indefinidos también podrán optar a las bonificaciones establecidas (Ley 35/2010; Ley 43/2006) según detallado en el Real Decreto-ley.

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Us recordem que podeu consultar el programa de la jornada a la  pàgina web www.rubiempresa.net, a l’apartat agenda.
 
Jornada adreçada a aquelles empreses interessades a conèixer les principals novetats en matèria fiscal per al 2011. Inscripció a la jornada   Per inscriure’s a la jornada cal ser usuari registrat a la web de rubiempresa.net. Per registrar-vos feu clic aquí.

Per a més informació podeu trucar al 93 581 39 00 i preguntar per la Pilar Muñoz o enviar un correu electrònic a:  rubiempresa@rubiempresa.net.

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Los trabajadores autónomos que en la indicada fecha tengan 48 ó 49 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.665,90 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.682,70, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2011, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año.

Esta tabla muestra ejemplos de cotizaciones sin incluir la cotización por AT/EP (accidente de trabajo – enfermedad profesional)  ni cese actividad. Para calcular la cuota de autónomos para 2011 con la cotización por AT/EP se puede utilizar una de las calculadoras de las mútuas.

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A partir del 23 de diciembre de 2010, con la entrada en vigor de la nueva reforma del Código Penal, las personas jurídicas podrán ser jurídicamente responsables por la comisión de determinados delitos por lo que resulta de gran importancia implantar los protocolos de actuación que permitan prevenir delitos y evitar implicaciones delictivas para la empresa.

Aprovechamos para recordar que los Administradores y Directivos de empresas pueden asegurar su responsabilidad civil con los diferentes seguros D&O que existen en nuestro mercado asegurador.

Delitos de los que puede derivar responsabilidad penal para una sociedad

La responsabilidad penal de las personas jurídicas únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea, es decir, que su ámbito de aplicación no es general sino sólo para los supuestos previstos expresamente en el Código Penal.

Concretamente, los delitos en los que puede incurrir una persona jurídica, tipificados en el nuevo Código Penal, son los siguientes: Trata de seres humanos; prostitución y corrupción de menores; descubrimiento y revelación de secretos; estafa, incluidas las procesales; insolvencias punibles; daños; recepción y blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; sobre la ordenación del territorio; contra los recursos naturales y del medio ambiente; relativos a las radiaciones ionizantes; de riesgo por explosivos y otros agentes; cultivo elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje; cohecho; tráfico de influencias; corrupción en transacciones comerciales internacionales; organizaciones y grupos criminales; terrorismo.

Requisitos para la imputación de la responsabilidad penal

• Delitos cometidos en su nombre y provecho por personas que ostentan su representación legal, como administradores de hecho, de derecho y apoderados.
• Delitos cometidos en su nombre y provecho por personal sometido a la autoridad de los anteriores, propiciados por no haber ejercido sobre ellos el “debido control”, atendidas las circunstancias concretas del caso.

Vías para evitar y/o atenuar la responsabilidad penal de una sociedad

No obstante, es muy importante tener en cuenta que las personas jurídicas pueden evitar sus implicaciones delictivas provocadas por sus representantes o empleados, ejerciendo el “debido control” sobre los mismos, mediante la implantación de un protocolo de actuación que le permita hacer valer sus principios éticos y atajar las conductas ilícitas de aquéllos. Este plan de prevención de delitos se conoce en el derecho anglosajón como “corporate compliance”.

Además, la nueva normativa establece una serie de actuaciones de la persona jurídica que, una vez cometido el delito, podrán contemplarse como atenuantes: La confesión de la infracción a las autoridades; la colaboración mediante la aportación de pruebas nuevas y decisivas; la reparación del daño o indemnización; y haber establecido sistemas de autorregulación y protocolos de actuación antes del juicio oral.

Consecuencias de la apreciación de responsabilidad penal en la persona jurídica

Las penas establecidas para las personas jurídicas tienen todas la consideración de graves y pueden ser, según la naturaleza del delito y beneficio obtenido: Multas.

• Disolución de la persona jurídica.
• Suspensión de sus actividades.
• Clausura de sus locales y establecimientos.
• Prohibición de realización de actividades.
• Inhabilitación para la obtención de beneficios ante organismos públicos.
• Intervención judicial de la administración de la persona jurídica.

Por último, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad penal conlleva la responsabilidad civil y no se extinguen por la transformación, fusión, absorción, que se traslada a las nuevas, si bien puede ser moderada por el Juez. Tampoco se extingue por la disolución encubierta o aparente.

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